¿Cuánto tardará el Gobierno en construir las 200.000 viviendas sociales prometidas?
El Gobierno ha prometido aumentar la oferta de vivienda en alquiler asequible y social en España mediante la movilización de 183.040 nuevas viviendas, que se pondrán en marcha a través de diferentes planes y programas. Sin embargo, ¿cuánto tiempo se tardará en construir estas viviendas y qué dificultades se pueden encontrar en el proceso?
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de viviendas protegidas terminadas en España fue de 15.607 en 2021, lo que supone una caída del 23,4% respecto al año anterior. A este ritmo, se necesitarían más de 12 años a un ritmo sostenido para construir las 200.000 viviendas sociales prometidas por el Gobierno. Por desgracia la realidad es terca y los plazos en todo lo relativo a urbanismo suelen prolongarse mucho más de lo teórico.
No obstante, este cálculo no tiene en cuenta que algunas de las viviendas ya están edificadas o en proceso de finalización, como las 35.000 que provienen de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) o las 14.129 que se financian con los fondos europeos Next Generation. Tampoco considera que el Gobierno tiene previsto impulsar la construcción de otras 15.000 viviendas nuevas en suelos propiedad de la Sareb o cedidos por otras entidades públicas o privadas.
Por tanto, el plazo real para cumplir la promesa dependerá de varios factores, como la disponibilidad y adecuación de los suelos, la agilidad administrativa y urbanística, la capacidad del sector constructor y la demanda efectiva de los potenciales beneficiarios.
Además, el precio medio de la vivienda nueva en España subió un 3% en 2021, según la consultora Sociedad de Tasación5, lo que puede dificultar el acceso a la vivienda a las personas con menos recursos. Según PlanRadar, el precio medio por metro cuadrado en la construcción de una casa se elevó a los 2.000 euros en 20236.
Por todo ello, se hace necesario un esfuerzo conjunto y sostenido entre el Gobierno central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, el sector privado y la sociedad civil para garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible para todos los ciudadanos.